EXTRANJEROS, PASAN POR ENCIMA DE DERECHOS MEXICANOS.

El pasado 31 de julio, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, amaneció con la noticia de un permiso en su territorio para la generación de energía eléctrica a la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la transnacional francesa EDF Energies Nouvelle, el cual fue solicitado el 27 de abril de este año y autorizado el 29 de junio pasado, con el número de resolución RES/1219/2017.

La información fue obtenida a través de solicitudes de acceso a la información, promovidas por la propia comunidad. El permiso estipula que la “Central Eólica Gunaa Sicarú” contará con 96 aerogeneradores, con una capacidad de 2.625 megawatts cada uno para generar un total de hasta 252 megawatts. Asimismo, que la producción anual estimada será de 825.7 gigawatts hora por un tiempo de 30 años.

Sin embargo, para obtener dicho permiso, la comunidad debió ser consultada por tratarse de tierras agrarias, cuya propiedad es social y pertenece a la asamblea de comuneros, lo cual no sucedió.

Con ello, se violó el derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado que se encuentra establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La experiencia no les era desconocida: En 2010, fue instalado el parque eólico Piedra Larga, perteneciente a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), filial de la transnacional española, Renovalia Energy.

“Ese parque se instaló sin consulta, no dieron su consentimiento, no se le invitó a participar, los contratos que se firmaron fueron por la vía civil, cuando son tierras agrarias, tierras comunales. La empresa llegó con representantes, diciendo muchas mentiras, supuestamente todos iban a dejar de ser pobres. Contrataron a algunos notarios públicos de la región, hacían contratos compra-venta, los protocolizaban y luego les hacían escrituras”, explica Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC (Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales), quienes han acompañado legalmente a la comunidad.

Derivado de ello, 50 comuneros interpusieron dos demandas de nulidad contra Demex, los notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad.

UN PARQUE NO FUE SUFICIENTE

De 2013 a la fecha, cuando se instaló el último parque, no se había vuelto a instalar otro en la región, pero para enero de este año, el presidente municipal de Unión Hidalgo –que entró en funciones en diciembre de 2016–, anunció con bombo y platillo que en marzo de este años arrancaría la construcción de un parque eólico de la empresa EDF (Energía de Francia) Energies Nouvelle.

“La comunidad ya sabía cómo era la situación, con base en la experiencia de Demex, y dijo a ver ‘espérate, no nos han consultado’ y en marzo se presentó un primer amparo, donde firmaron 700 indígenas, pidiendo que se cancelara cualquier tipo de permiso o autorización para la construcción del parque, porque no había una consulta previa e informada, y no había participación de la comunidad”, cuenta López al HuffPost.

Junto a este amparo, hay 40 más promovidos por gente de la misma comunidad: Suman, así mil 400 personas que han acompañado con sus firmas los amparos.

Después las autoridades dijeron que sí va haber consulta, que los trabajos no se iniciaban en marzo, sino hasta junio. Traían un relajo entre las declaraciones del presidente municipal y las del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien decía que es una gran inversión de EDF, que es parte del plan de desarrollo del estado, que sí van a consultar y que se está trabajando con el gobierno federal para ello, pero no dicen ni cómo ni cuándo.” Juan Antonio López.

Para el proceso de la consulta, el gobierno estatal y federal, crearon el Consejo Empresarial para el Istmo y el Comité Técnico para la Consulta Unión Hidalgo, en el que participan la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, pero hasta ahora, señala el abogado, no hay nada de información para la comunidad.

“SÍ VAN A PONER EL PARQUE”

ProDESC, como representante legal de Unión Hidalgo, se reunió con la embajada francesa para externarle la preocupación por el proyecto, bajo el argumento de que existe una obligación de la empresa por garantizar que se respeten los derechos humanos de la comunidad.

“Fuimos a externarles eso, lo que nos respondieron fue ‘vamos a sentar a la empresa y vamos a platicar con ellos’. Después, nos mandaron una comunicación en la que nos decían que ya habían hablado con EDF y esta manifestaba que su intención sí es poner el parque, que la obligación de consultar es de la Sener, que ellos están cumpliendo con los requisitos legales que les está pidiendo el gobierno mexicano y que si queríamos reclamar algo respecto a la consulta lo hiciéramos con Sener.” Juan Antonio López.

Fue que, al hacer las solicitudes de información, la comunidad indígena de Unión Hidalgo tuvo conocimiento de que ya se había otorgado el primer permiso, el cual establece que el inicio de las obras será el 1 de diciembre de 2017 para terminar el 31 de mayo de 2019 y para que el parque inicie operaciones el 1 de junio de 2019.

“Con este permiso está violentando el principio de previa consulta, que de por sí en el Istmo de Tehuantepec y en la comunidad de Unión Hidalgo está violentado, porque, en el Istmo ya hay 23 parques instalados, y entre Juchitán y Unión Hidalgo, 13; el principio establece que previo a otorgar cualquier tipo de permiso, cualquier ley, antes de una acción administrativa que pudiera afectar los derechos de una comunidad indígena, se debe consultar a la comunidad.

De este modo, si hicieran una consulta y la comunidad dijera ‘no quiero el proyecto’, la empresa dice ‘pues no importa, porque ya tengo el permiso de la autoridad’.” Juan Antonio López.

El abogado refiere que EDF no ha bajado información, pero que tienen conocimiento de que está firmando con “algunos supuestos propietarios, que desconocemos quiénes son”, y, al tratarse de una relación entre dos particulares, no está obligada a informar al respecto.

(EDF) Se cierra completamente y toda la responsabilidad se la echa a las dependencias del gobierno federal.”

Juan Antonio López.

A LA ESPERA DE RESARCIMIENTO

El lunes 31 de julio, la comunidad de Unión Hidalgo presentó un nuevo amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante los Juzgados de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, a fin de que se deje sin efecto el permiso.

Huffington Post