Menospreciados por Movistar, Telcel y AT&T, pueblos indígenas de Oaxaca crean una red propia, más barata .
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Menospreciados por Movistar,
Telcel y AT&T, pueblos indígenas de Oaxaca crean una red propia, más barata
.
Ciudad de México, 16 de
noviembre (SinEmbargo).- Todo México no es territorio Telcel. Un cuarto de
siglo después de que Teléfonos de México (Telmex) pasó a manos del magnate
Carlos Slim Helú, 63 localidades oaxaqueñas, rodeadas de montañas y no
rentables para ese consorcio, pudieron tener señal de telefonía móvil e
Internet entre 2013 y 2016 con precios más accesibles y sin depender de las
grandes trasnacionales al ser sus propios operadores de la red.
América Móvil, pese a la
competencia de 16 empresas como AT&T o Telefónica, controla el 64 por
ciento del mercado de los servicios de Internet (fijo y móvil) y de telefonía
(fija, móvil y pública), de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Este año, ese gigante ha sumado 362 millones de líneas de acceso.
América Móvil opera en México
y en América Latina con sus filiales Telcel, Telmex y Claro.
No obstante, de los 11
millones 132 mil indígenas en el país, el 23 por ciento (unos 2 millones 560
mil) no cuenta con cobertura garantizada móvil en al menos una tecnología (2G,
3G o 4G), muestran cifras del IFT.
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca,
el 58 por ciento de las localidades con presencia de población indígena no
tiene cobertura. En el caso de Chihuahua, Coahuila y Durango, es el 63 por
ciento sin acceso a telefonía móvil.
En algunos casos, de acuerdo
con testimonios, recorren varias horas caminando para arribar a la caseta
telefónica del pueblo, y pagar hasta 90 pesos por llamar a la ciudad capital;
los campesinos que laboran durante semanas en ranchos o montes quedan aislados;
y para hablar con sus familiares en Estados Unidos deben desembolsar 14 pesos
el minuto, más que el costo de un kilo de tortillas.
“La comunicación es un
derecho, no necesariamente algo con lo que hay que hacer negocio”, aseguró
Peter Bloom, fundador de la organización Rhizomática que impulsó en 2013 la red
de telefonía móvil indígena en Villa Talea de Castro, en la Sierra Juárez de
Oaxaca, con ayuda de una comunidad de hackers.
Cinco años después, 63
localidades de Oaxaca, unidas en Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, se
benefician de la red. Hay 3 mil 500 usuarios diarios, documentó Bloom vía
telefónica. El proyecto busca expandirse a Guerrero, y luego a Chiapas,
Veracruz y Puebla, pero necesitan capacidad satelital para esas áreas.
Expuso que más allá de que
Slim sea de los empresarios más ricos del mundo, y aunque podría proveer del
servicio de telecomunicaciones en regiones marginadas, no lo hace porque no le
conviene. Para Bloom, el problema es estructural y mundial desde que el sector
público privatizó a la industria sin obligarla a dar un servicio universal.
Las grandes compañías exigen
un mínimo de población (entre 5 y 10 mil habitantes) para instalar las antenas
y además, piden hasta 2 millones de pesos para darles la red. “No deberían de
pagar la infraestructura de la empresa. No son socios”, aseguró Bloom.
Erick Huerta, abogado miembro
de Rhizomática, dijo que cuando el gobierno subsidiaba a estas empresas para
que fueran a prestar servicios, “iban de mala gana porque no les es rentable
ese dinero que les implica la población pequeña que está ahí”.
A mediados de 2012, el abogado
logró convencer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que
los pueblos tenían el derecho de construir y tener sus propias redes de
telefonía.
Respecto a los obstáculos para
establecer su propia red, expuso que ha sido “una lucha contra el sistema”
generado por las compañías de telefonía y el IFT, contrario a otros casos como
la concesión de banda de frecuencia otorgada a Fundación Azteca, exenta de
pago, para las carreras de la Fórmula Una. “A ese absurdo total se llega”,
evaluó.
LA LUCHA DE CINCO AÑOS
Desde marzo de 2013, la
población zapoteca de Villa Talea en Oaxaca paga una membresía de 40 pesos al
mes, con la posibilidad de pagar el minuto a celular a 82 centavos, menos que
en el mercado, gracias al impulso de la organización Rhizomática. Asimismo, las
tiendas locales pueden brindar el servicio de recargas desde 10 pesos.
Teléfonos a domicilio, les
llaman sus habitantes. Luego de vivir incomunicados, crearon su propio servicio
de telefonía incluso con antenas de bambú.
“Es un paso bien grande que
una comunidad indígena que está clavada en la sierra pueda tener comunicación
vía celular”, celebró una habitante.
“Es una maravilla, algo que a
lo mejor nunca nos imaginamos. Cualquier persona puede tener en su casa
cualquier teléfono y a un bajísimo costo que es una posibilidad bien grande”,
añadió.
La red comenzó a crecer a
otras comunidades como Yaviche, en el municipio oaxaqueño Tanetze de Zaragoza,
que arrancó en septiembre de 2013.
En mayo de 2014, la entonces
llamada Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofece) la aprobó como una
“concesión experimental” de dos años en la banda de 850 MHz que después fue
ratificada y otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En julio de 2016, la hizo
oficial. El IFT autorizó por primera vez en la historia de México dos concesión
para operar una red de telecomunicaciones de uso social indígena en favor de
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C.), la primera red indígena
de telecomunicaciones compuesta entonces por 16 comunidades bases.
Peter Bloom, fundador de
Rhizomática, explicó que el IFT les dio una concesión única para uso social
indígena por 30 años para operar los servicios de telecomunicación. Y otra
concesión de espectro por 15 años.
Con ello, los pobladores cuentan
con telefonía móvil e internet a precios accesibles a través de una radiobase,
antenas y cables con un costo total de más de 177 mil pesos que pagan en
conjunto con recolecta, fondos municipales o de las remesas que les llegan de
sus familiares.
La membresía es de 40 pesos al
mes. Las llamadas locales y mensajes son gratuitos dentro de la red de la
comunidad, y genera una reducción del costo de llamadas de larga distancia
hasta en un 98 por ciento frente al precio ofrecido por otras compañías.
La comunidad administra su red
con capacidad para 400 usuarios, y para entre 14 y 28 llamadas en un perímetro
de 5 a 8 km. Cubre las cuotas de mantenimiento de 15 pesos al mes, y recibe
asesoría, capacitación y representación legal por parte de TIC AC.
Pero el IFT les exigió el pago
de uso de espectro radioeléctrico concesionado durante 2016 y 2017 que suman
700 mil pesos, pese a pedir una exención por no tener un uso comercial, sino
social indígena.
Bloom consideró injusto que
les intenten cobrar por construir su propia red de telefonía, “cuando eso es
responsabilidad del gobierno y como si fueran empresas grandes”.
Para abril de 2018, tras meses
de incertidumbre, el Poder Judicial de la Federación aceptó la exención de pago
al convertirse el TIC AC en una donataria autorizada. “Nos ha quitado tiempo y
energía”, agregó.
La resolución pidió
privilegiar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a
las telecomunicaciones, así como a adquirir, operar y administrar medios de
comunicación, cuyo ejercicio debe hacerse en condiciones de no discriminación.
Pero sigue pendiente otro
juicio de un pago por 200 mil pesos de los 700 mil requeridos por la concesión
en 2016 y 2017, ya que la exención de pago solo fue válida desde 2017, explicó
el abogado Erick Huerta. Ante ello solicitaron un amparo ya concedido, pero “no
está firme porque el Instituto Federal de Comunicaciones se ampararon contra
esa resolución”.
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