“El México que tenemos es uno incierto, violento, en donde no podemos confiar en la clase política”: Padre Solalinde.

Por: David Martínez Huerta - agosto 13 de 2013

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua son las entidades que presentan mayor migración de jóvenes, informó la Diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez.

La legisladora urgió a crear políticas públicas que acaben con la deuda histórica con la juventud, la falta de atención a sus necesidades y demandas que han provocado que dejen su lugares de origen y peor aún, la falta de garantía a su seguridad personal cuando son obligados a migrar.

“Incluir políticas muy puntuales para el retorno de migrantes, sobre todo jóvenes, el que vigilemos con mayor hincapié estos centros de detención, en donde el problema fundamental, nos los comentaron especialistas, es la expulsión de jóvenes y la separación de familias, ese el tema que me gustaría llamar la atención como son separadas las familias de los migrantes”, indicó la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, se realizaron las mesas de diálogo “Juventud y Migración: Una Agenda Pendiente”, en San Lázaro. Allí se destacó que actualmente 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años migren, principalmente hacia los Estados Unidos, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Por si fuera poco, entre los países miembros de la OCDE, México lidera junto con Turquía en el rubro de deserción de alumnos a nivel bachillerato, es decir, 6 de cada 10 abandonan la escuela, lo que genera, en muchos casos, la búsqueda de oportunidades fuera de su lugar de origen.

Esta situación ha provocado que existan ocho millones de “ninis”, de los cuales el 60% se encuentra en situación de pobreza, y quienes acceden a trabajos informales perciben salarios hasta tres veces menores a los que reciben los adultos.

Por su parte, el padre Alejandro Solalinde, quien desde hace varios años ha dedicado su vida a proteger a los migrantes, coincidió en la urgencia de crear políticas públicas para generar oportunidades de desarrollo para los jóvenes mexicanos, pero más importante aún, pidió cambiar el sistema económico que empobrece más a los pobres y los obliga buscar mejores oportunidades de vida en otros países.

“El México que tenemos es un México incierto, violento, en donde desgraciadamente no podemos confiar en la clase política pueda darle a México un futuro mejor. Tenemos las acechanzas –porque así se dice, así se llama–, la acechanza de las compañías transnacionales voraces, depredadoras, ecocidas, que quieren entrar a cualquier precio a robar nuestros recursos y con eso, no solamente los recursos de la gente de hoy, sino la gente de mañana. Y nos están robando la oportunidad de una calidad de vida”, sostuvo el padre Solalinde.

JÓVENES MIGRANTES ENFRENTAN MÚLTIPLES DIFICULTADES

A nivel mundial, un tercio de las personas que migran, esto es, cerca de 27 millones de personas enfrentan diariamente desafíos ligados a la exclusión social, pobreza, explotación y discriminación.

“Estamos viviendo momento de extrema violencia en la ruta migratoria. A los migrantes los siguen secuestrando todos los días, diariamente recibimos testimonio de gente que fue violentada, ahora sabemos de gente que les está cobrando la cuota por dejarlos subir al tren. Si no pagan los avientan del tren, y lo hemos visto, sobre todo en el estado de Veracruz”, informó José Alberto Donis Rodríguez, Coordinador del Albergue Hermanos del Camino.

El padre Alejandro Solalinde, consideró que la violencia contra jóvenes migrantes no solo ocurre en las vías del tren. La discriminación de la que son objeto por parte de la sociedad civil también es una forma de violencia, porque ven a los migrantes como una amenaza y como un peligro para sus comunidades.

“Y lo veo con los jóvenes que van migrando. No son deseados, pero ya están allá y van a seguir llegando, y ellos son los únicos, con las mujeres, la única esperanza de cambio de verdad para nuestra región, para nuestro México, y para esas comunidades de donde ellos viven o donde ellos salen”, subrayó el padre Solalinde.

Pese a la predominante percepción negativa hacia los migrantes, el sacerdote católico consideró importante recordar las aportaciones enriquecedoras que generan a la humanidad.

“En hora buena, por este trabajo, por estas mesas. Esperamos que tengamos mucho fruto, que los jóvenes tengan el valor a hablar lo que tengan que decir; que aporten toda esa creatividad, esa inventiva –que de por sí les caracteriza–, con esa fuerza, esa energía que también los hace presentes”, apuntó.

Por su parte, la Diputada Crystal Tovar Aragón (PRD), secretaría de la Comisión de Juventud, advirtió que los migrantes jóvenes son usados como “mulas” para el trasiego de droga hacia territorio estadounidense, además que se han vuelto una importante fuente de víctimas para la trata de personas y el abuso sexual por parte del crimen organizado.

SENADORES PIDEN ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL DERECHOS DE MIGRANTES

La Senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma al Artículo 11 Constitucional, que pretende otorgar el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, desde una visión humanista y coherente con los tratados multilaterales firmados por México.

Su iniciativa plantea que el Gobierno federal coadyuve con la labor que realizan los albergues y casas de asistencia a migrantes, que hoy están en el abandono y se sostienen gracias a la buena voluntad de muchos mexicanos.

“Si se invierten mil 900 millones de pesos al año en el Instituto Nacional de Migración para sostener todo un aparato dedicado a detener y deportar personas, por qué no pensar en reorientar el gasto para ayuda de tipo humanitaria que no sería una carga si suponemos que un albergue gasta en promedio 6 mil pesos al día atendiendo casi a 800 personas”, detalló la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Al mismo tiempo, el nuevo mandato constitucional establecería la obligación de los gobiernos estatales y municipales por donde pasa la ruta de los migrantes, para que se coordinen en la atención y protección a este grupo vulnerable.

“Con esto estaríamos evitando que los gobiernos estatales o municipales se laven las manos y se pongan a trabajar junto con el gobierno federal en este tema”, subrayó la legisladora.

Por su parte, el Senador del PRD, Zoé Robledo, firmante de la iniciativa, confío en que México se posicionará como un país de vanguardia en la defensa de los derechos humanos de aprobarse esta enmienda constitucional. De no hacerlo, advirtió se agravará la emergencia humanitaria que representa el exilio de miles de personas al año.

“Estamos conscientes de que habrá críticos que digan que esto no debe de estar en la Constitución; sin embargo, a ellos habría que recordarles que la Constitución mexicana fue de las primeras que puso en su texto los temas de garantías individuales, la equivalencia de derechos nacionales y extranjeros y, sobre todo, salvaguardar y proteger siempre los derechos de las personas más allá de su propia nacionalidad”, sostuvo el también Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste.

Finalmente, la Senadora panista Mariana Gómez del Campo aseguró que de aprobarse esta iniciativa, México se situará en el mismo nivel de países reconocidos internacionalmente por su compromiso con la agenda migratoria como Ecuador y Uruguay que ya discuten en sus constituciones este tema.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/13-08-2013/718120.