A un año del asesinato de siete civiles en Nochixtlán, ningún policía ha sido sancionado.

A un año del operativo en el poblado de Nochixtlán, en que agentes de las policías Federal y Estatal de Oaxaca supuestamente “desarmados”, abrieron fuego contra la población civil, y dejaron siete vecinos muertos y más de 50 personas heridas, ningún policía involucrado ha sido investigado ni sancionado hasta la fecha.

La Policía Federal informó el pasado 2 de mayo, a través de un oficio, que la corporación no ha iniciado ningún proceso de investigación interna, ni tampoco ha aplicado ninguna sanción en contra de alguno de los 400 agentes que participaron en el operativo, ni siquiera contra aquellos que, tal como se comprobó después, sí portaban y accionaron armas largas y cortas, contra la población.

Un día después del operativo, el entonces coordinador de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que tanto policías federales como estatales (otros 400 agentes) acudieron al operativo sin armas de fuego, y que únicamente portaban su equipo antimotín.

E n ese mismo momento, el entonces secretario de Seguridad de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, subrayó que, antes de que iniciara el operativo, “a través de un notario (público) se certificó que ninguno de ellos (los 800 policías) portara armas de fuego, en estricto cumplimiento al protocolo de actuación policial”.

Sin embargo, la Gendarmería (de la Policía Federal) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron al Senado, en agosto de 2016, que al menos 62 uniformados que participaron en el operativo policiaco en Nochixtlán sí portaban armas de fuego.

–32 policías federales usaron 22 armas largas y 32 cortas. 

–30 policías estatales usaron 11 armas largas y 21 cortas.

Aunque las policías Federal y Estatal de Oaxaca aseguraron haber entregado estas armas a la PGR para su análisis, estas entregas se hicieron en días posteriores al operativo, lo que impide verificar si el armamento proporcionado fue realmente el mismo que se usó en Nochixtlán.

Las armas entregadas fueron sometidas a peritajes, para determinar si alguna de ellas fue usada para asesinar o herir a alguna de las víctimas del operativo. Las pruebas concluyeron en agosto de 2016 (cuando fueron presentados por la PGR al Senado), pero sus resultados no han sido publicados por las autoridades, ni tampoco por el Poder Legislativo.

Lo único confirmado es que ninguno de los policías que portó las armas ha sido procesado bajo cargo alguno. Tampoco ha sido aclarado cuándo ni cómo fue planificado este operativo policiaco, que según las autoridades fue producto de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

En la conferencia de prensa rendida por las autoridades, un día después de los hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad de Oaxaca aseguró que “el gobierno del estado tomó la decisión de solicitar la coadyuvancia de la Policía Federal, para que nos auxiliara en el desalojo de este bloqueo carretero (ubicado en Nochixtlán, y que dio origen a la movilización policiaca)”.

Asimismo, el entonces titular de la PF aseguró que “recibimos solicitud del gobierno del estado para hacer una intervención policial coordinada, planeada de manera conjunta, para la recuperación de la vía que conecta la Ciudad de México con la ciudad de Oaxaca, concretamente en el municipio de Nochixtlán”.

Sin embargo, la misma Policía Federal reconoció a través de un oficio que no existe en sus archivos ningún tipo de registro sobre la solicitud de apoyo, supuestamente presentada por el gobierno de Oaxaca, ni de las acciones de planeación y coordinación entre la PF y la Policía Estatal previas al operativo.

S eñalan que el 19 de junio de 2016, “el personal de esta Policía Federal no fue comisionado hacia aquella entidad para registrar evidencia de ninguna índole: videos, fotografías, etcétera“. 

En el mismo documento, la PF justifica la “inexistencia” de la solicitud de colaboración, al decir que “tiene jurisdicción plena para actuar en las carreteras federales, incluyendo la ‘súper carretera’ (bloqueada a la altura de Nochixtlán)“.

Peor aún, este oficio revela que el día de los hechos la Policía Federal no intentó documentar “evidencia” de los supuestos hechos delictivos que motivaron el operativo, ni tampoco del actuar de sus agentes