Solo tres estados aplican el nuevo sistema penal.

A cuatro años de su aprobación y a la mitad del plazo de ocho años para su implementación total, solo tres estados del país han adoptado el nuevo sistema de justicia penal que incluye juicios orales para agilizar la impartición de justicia en el país, un porcentaje de 9.37.

Para el gobierno federal entrante “los avances son insuficientes”, como lo expresó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para 2013, la Secretaría de Gobernación, encargada de la coordinación de los trabajos para la implementación del sistema adversarial, se propone aumentar esta proporción a 14.3 por ciento.

Desde 2008 a la fecha los trabajos para cambiar los juicios en México han costado mil 300 millones de pesos y en este 2012 incluso se creó un fideicomiso para enfrentar los gastos que implica cambiar toda la estructura de justicia en el país, desde adecuar instalaciones en los juzgados hasta capacitar a jueces, ministerios públicos, peritos y abogados.

De acuerdo con el último informe presentado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, menos de la tercera parte de las entidades del país ya tienen juicios orales y únicamente en Chihuahua, Morelos y el Estado de México operan de manera total, mientras de manera parcial los juicios orales se realizan en Baja California, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas y Yucatán.

Cuatro entidades ya establecieron fecha para su entrada en vigor, otras 14 llevan un “proceso avanzado” para su implementación y cuatro estados del país se encuentran en el proceso inicial de los trabajos para sustituir el viejo modelo de justicia.

La reforma al sistema de justicia exige no solo cambios de instalaciones y modelos de actuación de los tribunales, también la modificación de los códigos de procedimientos penales en cada una de las entidades, tarea que solo han cumplido 10 estados, siete más aprobaron en sus Congresos locales las reformas y otros siete presentaron apenas la iniciativa correspondiente, mientras ocho aún elaboran el proyecto que se debe analizar en su Legislatura.

Entre las otras leyes que requieren la modificación, la de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social ya existe en 25 estados, seis presentaron la iniciativa correspondiente ante el Congreso y una está en fase de elaboración del proyecto. También deben concretarse las leyes locales de Defensoría Pública y las normas para los mecanismos alternos de solución de controversias penales.

“Esfuerzos de capacitación se estrellan ante la ausencia de definición precisa que tendrán que hacer las leyes que reglamenten el modelo constitucional conforme a las condiciones de la realidad mexicana”, dijo en esa sesión ante gobernadores de todo el país el procurador Murillo Karam.

Por acuerdo presidencial se creó en este 2012 el Fideicomiso Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad para sufragar los gastos requeridos por las entidades federativas por hasta 12 mil millones de pesos para desarrollar infraestructura y equipamiento indispensable para el funcionamiento de la seguridad pública y el sistema de justicia, el cual cuenta hasta el momento con 500 mil pesos.

La capacitación a quienes se encargarán de operar el nuevo sistema de justicia también ha llevado un proceso largo en el cual no todos los aspirantes han calificado. Por razones de méritos se certificó a 515 capacitadores y también se aplicaron exámenes, registrándose en todos el país 597 aspirantes, de los cuales aprobaron 251 docentes, posteriormente se realizó una nueva evaluación a 151 personas que se inconformaron con el resultado, presentándose 114 y obteniendo resultados aprobatorios 57 y no aprobatorios 57.

En 2011 había 897 docentes certificados, aunque también se inició la depuración del padrón.

De los mil 300 millones de pesos ejercidos por la Secretaría Técnica que depende de la Secretaría de Gobernación, mil 200 se han destinado a subsidiar a las entidades federativas para implementar el nuevo sistema de justicia, bajo un esquema de proyectos sujetos a aprobación y liberación de recursos. De acuerdo con dicha instancia, las entidades con mayor aprobación de proyectos fueron Baja California, Campeche, Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Ese esquema ha derivado en que no existe una suma fija que reciban los estados como subsidio para su operación en el nuevo sistema de justicia y mientras Nayarit y Aguascalientes solo han recibido desde 2010 cuatro millones de pesos, Baja California, Guanajuato, el Distrito Federal e Hidalgo suman mayor presupuesto para este fin con 97, 81, 75 y 73 millones de pesos, respectivamente, más de la cuarta parte del total destinado a la introducción gradual del nuevo sistema.

Hasta 15 años de cárcel por robo a ferrocarril

El Senado remitió al Ejecutivo las reformas que sancionan hasta con 15 años de cárcel el robo de mercancías en ferrocarril, informó el vicecoordinador priista, Arturo Zamora, al explicar que estas modificaciones al Código Penal Federal buscan evitar los hurtos que hay de las vías o equipo ferroviario, equipaje, equipo, mercancías o cualquier otro bien que se transporte por ese medio.

Zamora confirmó que el decreto, aprobado la semana pasada en la última sesión del periodo ordinario, ya se remitió al Ejecutivo para su promulgación, en el que se establece como robo calificado el cometido en vías de ferrocarril, con una penalidad de 7 a 15 años de prisión “lo que protege de manera más eficaz las mercancías transportadas y la estructura férrea”.

De acuerdo con el legislador, al día se denuncian 20 robos en ese transporte y la mayoría quedan impunes, por lo que es importante la penalización de esos delitos.

El autor de la reforma subrayó que los cambios a la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal tienen como finalidad evitar lagunas legales que provocan que los delincuentes no sean sentenciados. (Angélica Mercado/México)

Claves

Antecedentes

El decreto de la reforma penal se publicó el 18 de junio de 2008, y establece que en 2016 la Federación y las entidades federativas deben incorporar el sistema acusatorio y oral.

Fue hasta un año después de la aprobación de los juicios orales cuando se creó una instancia integrada por los tres Poderes de la Unión, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y su secretaría técnica, y se elaboró el diagnóstico de la realidad legislativa del sistema de justicia.

Para 2010 se realizaron estudios comparados y el anteproyecto del Código Federal de Procedimientos Penales que el entonces presidente Felipe Calderón presentó al siguiente año, el 21 de septiembre de 2011, presentó al Congreso, pero aún no está aprobado.