Más de 15 mil cadáveres sin identificar en guerra al narco.
https://noticias-ixtepec.blogspot.com/2013/01/mas-de-15-mil-cadaveres-sin-identificar.html
Gustavo
Castillo y corresponsales | La Jornada
Miércoles 2
de enero de 2012
De enero de
2006 a agosto de 2012 –periodo que abarcó la “guerra” del ex presidente Felipe
Calderón al crimen organizado– se elaboraron perfiles genéticos de 15 mil 618
cadáveres jurídicamente no identificados; 97 por ciento de ellos fueron
enviados a la fosa común.
Una
investigación realizada por La Jornada detectó que, a pesar de los acuerdos
para elaborar un protocolo de identificación de personas asesinadas, las
procuradurías de Justicia del país carecen de reglas homologadas para el manejo
y conservación de cuerpos o restos humanos.
Cada estado
tiene sus plazos particulares para enviar un cadáver desconocido –que en el
argot forense se denomina NN– a la fosa común. Los tiempos de retención van de
24 horas a seis meses, dependiendo de la infraestructura, número de peritos o
especialistas en medicina forense, las normas sanitarias y las decisiones que
toma el Ministerio Público de cada entidad.
En 13
entidades, los desconocidos son enviados a la fosa común con expedientes
incompletos y sin que sus huellas dactilares, peritajes de fotografía o
genética hayan sido confrontados con los datos nacionales que poseen la
Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) federal.
En Coahuila,
Morelos, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa se han habilitado espacios en
cementerios o funerarias privadas para la práctica de las necropsias de ley, lo
que provocó que cadáveres de supuestos líderes de cárteles de las drogas fueran
robados y las autoridades federales o estatales no tengan con qué acreditar el
fallecimiento. Uno de los casos más sonados ocurrió en octubre pasado en
Coahuila, cuando el presunto cuerpo de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas,
fue robado de una funeraria.
Datos del
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp)
–dependiente de la Secretaría de Gobernación– y del Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi),
de la Procuraduría General de la República (PGR), refieren que de 2006 a 2012
la llamada base nacional de perfiles genéticos recibió un total de 15 mil 618
perfiles desconocidos, de los cuales solamente 425 fueron identificados.
En 2006 se
registraron oficialmente los homicidios de 6 mil 443 personas consideradas
desconocidas; en 2007, 723; en 2008, 815; en 2009, mil 29; en 2010, 2 mil 23;
en 2011, 3 mil 86, y de enero a agosto de 2012, mil 499.
Hasta 2011,
la presión de diversas organizaciones sociales llevó a los integrantes del
Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), integrado por autoridades
federales y estatales, a comprometerse a proporcionar información para una base
de datos de personas desaparecidas y de perfiles genéticos de individuos que
fueron asesinados y no pudieron ser identificados.
En agosto de
2012, durante la 33 sesión del CNSP, se reveló que 13 entidades federativas no
cuentan con laboratorios de genética, a pesar de que la mayoría han presentado
altas tasas de homicidios dolosos, considerados como decesos por presunta
rivalidad delincuencial. Son: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila,
San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán,
Quintana Roo y Oaxaca.
Durante esa
sesión, las autoridades locales y federales se comprometieron a “fortalecer la
red nacional de la base de datos de perfiles genéticos” y se acordó que los
gobiernos locales que contaran con laboratorios de genética forense elaborarían
un diagnóstico de sus “necesidades de personal, con base en el número de
genetistas con que cuentan, muestras que analizan por año y las que revisan con
mayor frecuencia (saliva, sangre, cabello, huesos, etcétera)”, para lo que
contratarían el personal necesario. Cinco meses después no se cuenta con
información oficial del cumplimiento de ese acuerdo.
En ese
encuentro, realizado en Palacio Nacional, los gobernadores de las 13 entidades
que carecen de laboratorios de genética aceptaron construir uno y dotarlo de
personal y equipo necesarios. A la fecha, ninguno está terminado, y para
cumplir el compromiso cada entidad requiere al menos 100 millones de pesos para
infraestructura y recursos destinados a los salarios de los especialistas,
indicaron funcionarios federales.
En el
sexenio de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a septiembre de 2011, se
contabilizaron oficialmente más de 47 mil homicidios dolosos, pero
organizaciones no gubernamentales han señalado que la cifra podría superar los
100 mil.
Días antes
de que terminara la administración calderonista, el diario Washington Post
publicó que la PGR tiene un listado con 25 mil reportes de desaparecidos.
La violencia
durante el periodo 2006-2012 aumentó el número de homicidios dolosos y
evidenció la carencia de infraestructura y de peritos en diversas entidades,
así como la falta de normas y procedimientos para el manejo y conservación de
los restos humanos.
En Oaxaca,
Guerrero y Sonora es aleatoria la toma de muestras genéticas de los cuerpos o
restos humanos, y las evidencias de identidad no se confrontan con los
registros que posee la PGR ni con los de la llamada Plataforma México, donde
presuntamente todas las entidades han aportado la información que recaban de
cada necropsia.
En
contraste, Jalisco, Chihuahua, estado de México y el Distrito Federal cuentan
con bases de datos en las que existen registros fotográficos, dactiloscópicos,
genéticos y descriptivos de cada una de las personas consideradas desconocidas.
En muchos
casos, esas imágenes o datos de las víctimas pueden ser consultados vía
Internet, y en esas entidades los servicios forenses o institutos de ciencias
forenses –como también se les llama– cuentan con mecanismos para que las
personas que han perdido algún familiar tengan la posibilidad de saber si se
encuentra entre quienes ya han sido enviados a la fosa común o aún están en
calidad de desconocidos.
Incluso, los
cadáveres NN que se localizan en la zona metropolitana de Guadalajara se
conservan durante 10 días o más si así lo ordena el Ministerio Público. Los
restos humanos no son enviados a una fosa común, pero se creman, debido a la
falta de espacio en los panteones, luego de obtener su perfil genético,
fotografías, huellas dactilares y una descripción de tatuajes o marcas.
Almacenamiento
de cenizas
Las cenizas
son depositadas en urnas funerarias que permanecen almacenadas durante cinco
años en instalaciones gubernamentales para que, en caso de ser reclamadas, sean
entregados a familiares. A las urnas se les coloca un código de identificación
igual al que existe en la averiguación previa y expediente forense del caso.
En contraste
con el porcentaje nacional, en el cual sólo 3 por ciento de los cadáveres que
inicialmente se consideran NN son identificados, en Jalisco los protocolos
creados han permitido que de 2006 a 2012, de un total 2 mil 808 cuerpos de
personas asesinadas que no fueron identificadas inicialmente, únicamente 25 por
ciento –707– fueron cremados, y 75 por ciento –2 mil 101– se entregaron a
familiares.
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