Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, demanda cumplir los acuerdos de San Andrés.

El gobierno del estado dijo reiterar su "disponibilidad y apoyo, desde el terreno real y concreto de Chiapas, a toda iniciativa que contribuya a la paz justa y digna" en la entidad.

En referencia a las recientes movilizaciones zapatistas del 21 de diciembre, sostuvo que "no han pasado desapercibidas para el nuevo gobierno del estado".

En un comunicado emitido este martes y firmado por el gobernador Manuel Velasco Coello, se indicó que "el vehemente silencio de las mismas (movilizaciones) es una oportunidad para la paz y la justicia, y un hecho trascendente que debe marcar el inicio de todo un proceso de soluciones firmes y duraderas".

Agregaron que el reciente llamado de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es significativo y puede abonar y crear condiciones para lo que al Legislativo corresponde, como son los pasos iniciales y necesarios para el cumplimiento y concreción de los Acuerdos de San Andrés.

A nivel estatal, abundó en el boletín de prensa, "continuaremos trabajando sobre los ejes de respeto, valoración y distensión", con el objeto de hacer cotidiana una nueva cultura de tolerancia.

El gobierno de Chiapas, dijo, se compromete a respetar los predios zapatistas que hoy tienen uso y beneficio social, en el contexto del respeto a toda forma de propiedad de la tierra. Respetaremos el derecho a la resistencia y autodeterminación de los zapatistas.

No es nuestro objetivo la división de las comunidades, sino el bienestar, desarrollo y unidad de todos los pueblos indígenas de Chiapas, aseguró.

Manuel Velasco dijo que su gobierno trabajará en el reto que suponen la tensa situación en las comunidades zapatistas Comandante Abel y San Marcos Avilés, ubicadas en la región norte, buscando contribuir a una solución duradera y justa. En esas localidades las bases zapatistas luchan por su autonomía.
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Agrega que en el estado de Puebla también fueron demandadas por el gobierno estatal dos periodistas, lo cual "representa un retroceso en una sociedad abierta y democrática".

En el estado de Veracruz ocurrieron seis de los ocho asesinatos y dos de las cuatro desapariciones, situación que colocó a la entidad en el territorio que más ha contribuido para que México siga siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

La cobertura local sobre temas de seguridad, delincuencia organizada y corrupción fue el motivo por el que perdieron la vida los fotorreporteros Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra y Víctor Manuel Báez Chino, además de la muerte de Regina Martínez.

"Este escenario había sido previsto desde un año atrás, sin embargo, la reacción de las autoridades no tuvo efectos favorables en cuanto a la prevención y protección de las y los periodistas que se encontraban en peligro por su labor de informar", asegura la organización.

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