Ejército: Autodefensas ligadas con criminales.

ACAPULCO, Gro., julio 3 (EL UNIVERSAL).- El comandante de la Novena Región Militar, Genaro Fausto Lozano, dijo ante comisarios municipales de po-blados de Acapulco que detrás de los grupos de autodefensa asentados en la Costa Grande está la delincuencia organizada y detrás de los que están en la región de la Costa Chica hay una pugna política.

Durante la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Novena Región Militar, a la cual también asistió el alcalde Luis Walton, el jefe castrense estimó que hay grupos de autodefensa que reciben financiamiento de grupos del país y fuera del país.

También dio a conocer que se han recibido varias denuncias de parte de ciudadanos que refieren que grupos de autodefensas los están extorsionando, con el financiamiento de proyectos y los obligan a acudir a reuniones.

Dijo que en el caso de la Costa Grande, unos días antes de que policías ciudadanos tomaran la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de San Luis la Loma, una organización delictiva que opera en esa región azuzó a las comunidades que fueran a apoyar ese movimiento.

“Evidentemente hay un respaldo de esas organizaciones”, refirió.

“En la Costa Grande son grupos que nosotros les estamos encontrando afinidad con la delincuencia organizada y en la Costa Chica es más bien un movimiento político, donde hay pugna de poder entre organizaciones: la UPOEC y la CRAC”.

“Nosotros estimamos que puede ser, porque movilizar grandes contingentes requiere de vehículos, de combustible, de alimentos... tienen armas, tienen municiones, eso requiere de un soporte logístico y financiero importante, que en mi perspectiva no alcanza con lo que están extorsionando a la población, cobrándoles cuotas (...).

“Tenemos evidencias documentadas y muchas inconformidades de la población, denunciando los atropellos de los que han sido objeto”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, urgió a sus compañeros legisladores a dar fluidez al proyecto de ley para regular la operación de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa, pues de lo contrario, aseguró, estas organizaciones civiles seguirán violentando los derechos de terceros.

En entrevista informó que hasta el momento no existe en el Congreso del estado ninguna iniciativa de ley, para comenzar a conformar la nueva norma que regule la existencia, las facultades y las disposiciones jurídicas de las policías comunitarias y grupos de autodefensa, que en la actualidad operan en 41 municipios del estado.

El legislador por el Partido del Trabajo (PT) dijo que tiene conocimiento de por lo menos dos iniciativas de ley al respecto, una por parte del titular del Ejecutivo del estado, Ángel Aguirre Rivero, y otra propuesta por la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con el respaldo de algunos diputados locales.

Sin embargo, señaló que ninguna iniciativa ha podido ser aterrizada en el pleno del poder Legislativo, por lo que pidió a sus compañeros diputados trabajar decididamente en estas propuestas de regulación de los grupos civiles de autodefensa, tema que resulta por más “urgente” en estos tiempos difíciles en materia de seguridad en el estado.

Sostuvo que esta indiferencia sobre el tema podría generar serios problemas en algunos puntos del estado, como los que se han presentado en el municipio de Olinala, región de la Montaña, donde se han denunciado varios abusos de los policías comunitarios en contra de la misma población, sin que las autoridades constitucionales puedan intervenir.

Consideró que es necesario apegar a estos grupos ciudadanos a legalidad, ya sea creando una nueva ley o reformando la ley 701 que habla de los derechos de los pueblos indígenas.

De los 41 municipios donde operan los sistemas de seguridad y justicia ciudadana, muchos de ellos no tienen componente indígena, por lo que en esos casos se tendrá que realizar algunos ajustes a la actual legislatura.

Admitió que en sus acciones los grupos del sistema de justicia han incurrido en problemas de violación a las garantías individuales de las personas que han tenido, presuntamente acusados de acciones ilícitas.