Discute SCJN hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los diputados

La Jornada /Jesús Aranda

Las opiniones están divididas. Cossío y Valls optan por abrir la información, pero Pérez Dayán, Ortiz Mena y Luna Ramos consideran que se atentaría contra el principio de protección de datos personales.

México, DF. Las declaraciones patrimoniales de los diputados federales deben ser públicas, bajo el principio de máxima publicidad, y su difusión pública no puede estar sujeta a que el legislador acepte que los datos sobre su situación económica sean difundidos, establecieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al iniciar la discusión del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José Ramón Cossío, que plantea la inconstitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en razón de que “sujeta la difusión sobre declaraciones patrimoniales al consentimiento de los funcionarios públicos que la rindieron”, se dividieron las opiniones en la sesión del máximo tribunal.

Los ministros Cossío y Sergio Valls consideraron que la norma es inconstitucional, porque limita el derecho a la información pública al restringir “de manera absoluta” el derecho a la información.

Valls agregó que precisamente, el objetivo de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es el de permitir advertir que la función de éstos está apegada a la legalidad, por lo que, ésta no pueden mantenerse “de manera total fuera del escrutinio público”.

El ministro añadió que el derecho de acceso a la información pública “no se traduce en que se deba difundir la totalidad de las declaraciones, que contienen información de tipo personal”, sino que debe haber un equilibrio para que se puedan elaborar versiones públicas de las mismas que no contengan datos personales.

Datos como el Registro Federal de Causante, CURP, domicilio, estado civil, número del teléfono particular, números de cuentas bancarias y de valores, ubicación de bienes inmuebles, datos que incluyan a terceros, entre otros.

En contra del proyecto se pronunciaron los ministros Alberto Gelacio Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Luna Ramos, quienes consideraron que la difusión pública de las declaraciones patrimoniales atenta contra el principio de protección de datos personales.

Además, plantearon la necesidad de que la Corte convoque a los terceros perjudicados en este amparo en revisión, interpuesto por un ciudadano al que la Cámara de Diputados le negó el acceso a las declaraciones patrimoniales de los 500 legisladores, para que expongan “lo que a su derecho convenga”. Lo que aplazaría por varios meses la votación del asunto.