Alistan discusión de la reforma educativa en el pleno de San Lázaro.

La fracción de Movimiento Ciudadano señaló que las reformas al 3 y 73 constitucionales mantienen intocado “el poder corruptor” del magisterio.

MILENIO .

El pleno de la Cámara de Diputados se alista para discutir y votar en su sesión de este martes la reforma constitucional en materia educativa, cuyo dictamen fue incluido en el orden del día como asunto a discusión.

La fracción de Movimiento Ciudadano reafirmó su decisión de promover una moción suspensiva contra el proyecto, por considerar que tanto la Comisión de Puntos Constitucionales como la Mesa Directiva violaron los procedimientos legislativos.

Según advirtieron el coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, y su vicecoordinador, Ricardo Mejía, las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales mantienen intocado “el poder corruptor” del magisterio, concede una autonomía limitada al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y “constitucionaliza” el cobro de cuotas escolares.

El vicecoordinador de Nueva Alianza, René Fujiwara, confirmó en tanto que su bancada hará seis reservas a la reforma educativa para su discusión en lo particular.

Entre ellas destaca su propuesta de ampliar las evaluaciones a las autoridades educativas, la infraestructura de los planteles escolares y las condiciones socioeconómicas de los alumnos, a fin de obtener un diagnóstico más apegado a la realidad.

Planteará igualmente que el Senado de la República proponga y designe a los integrantes del INEE, sin intervención alguna del Ejecutivo, para garantizar su autonomía constitucional plena.

El proyecto de reforma educativa establece la evaluación obligatoria de los profesores, el desempeño y los resultados del sistema nacional de educación pública, desde el nivel preescolar hasta el medio superior.

Prevé, además, que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior “se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”.

Para ello considera otorgarle autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al que corresponderá “evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.