Atrapan ciudadanos a ladrones y narcos en Guerrero

La Jornada | Proceso | 

Ayutla de los Libres, Gro.- Representantes de 69 comunidades de seis municipios de la Costa Chica de Guerrero crearon este día el Tribunal Popular mediante una asamblea en la que además se acordó enjuiciar a 54 personas que fueron detenidas desde el pasado 5 de enero en distintos operativos de autodefensa, acusados de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En respuesta, el gobernador Ángel Aguirre Rivero propuso que se integre una Comisión para la Paz y Desarrollo de los Pueblos Indígenas que resuelva la situación de conflicto que existe en Ayutla de los Libres y Tecoanapa, cuyos pobladores constituyeron grupos de autodefensa armada para enfrentar a la delincuencia organizada.

Mientras, antes del mediodía, en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres, se llevó a cabo la primera asamblea del Tribunal Popular, conformado por los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec, donde se propuso, entre sus conclusiones, realizar una segunda asamblea el próximo 22 de febrero en el poblado de Buenavista, municipio de Tecoanapa, para iniciar el desahogo de pruebas a favor y en contra de los detenidos.

Al evento, en el que estuvieron presentes unas mil personas, se presentaron cinco testimonios de personas que fueron secuestradas en los últimos meses.

Luego de presentar a cada uno de los 54 detenidos, mencionando los delitos que cometieron, una mujer leyó ante la asamblea en la que participaron comisarios municipales, ejidales, comandantes, policías ciudadanos y personas de diversos poblados, las conclusiones del evento en donde se ratificó que “los detenidos serán juzgados en juicio público que inicia el día de hoy” con “inmediatez, oralidad, imparcialidad, e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos”.

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La asamblea donde se instaló el “tribunal popular” para someter a juicio a más de 50 personas vinculadas presuntamente con la delincuencia organizada se realizó a pesar de la insistencia del Gobierno estatal para que los ciudadanos se desistieran de esta acción y dejaran que las autoridades formales juzgaran a los inculpados.