IFE exonera al PRI en el caso Monex
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Aristegui Noticias.
Por los
votos de cinco consejeros electorales, entre ellos el presidente del instituto,
Leonardo Valdéz, eximieron una multa al PRI de aproximadamente 75 millones de
pesos; sin embargo, los recursos empleados en monederos se sumarán a los gastos
de campaña.
Por 5 votos
contra 4, el Instituto Federal Electoral “perdonó” al PRI por la utilización de
tarjetas de prepago en la pasada campaña presidencial, aunque pidió que lo que
se gastó en ellas (más de 50 millones de pesos) se sume a los gastos de campaña
de ese partido.
La Unidad de
Fiscalización del órgano electoral confirmó que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) gastó 66 millones 326 mil 300 pesos en la distribución de
tarjetas en la pasada elección presidencial, que repartió “entre sus
coordinadores, enlaces distritales y los enlaces estatales y representantes
generales”.
En la
investigación de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral se detalla: el
1 de marzo de 2012, el Partido Revolucionario Institucional celebró con la
empresa Alkino, Servicios y Calidad, S.A. de C.V. un contrato para adquirir
dichas tarjetas.
Esas
tarjetas, se indica en el proyecto de resolución, fueron adquiridas como gasto
operativo de campaña a nivel nacional y
local; las operaciones nacionales ascendieron a 50 millones 508 mil 891 pesos;
mientras que para procesos electorales locales, el partido reportó que gastó de
aproximadamente 16 millones.
Cuatro
consejeros electorales propusieron sancionar al PRI, declararon fundada la
queja contra el partido por la dispersión de recursos en la pasada campaña, los
cuales reportó como gastos operativos.
Alfredo
Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván plantearon sancionar al
PRI y declarar fundado el procedimiento
por lo que se refiere a la no comprobación de la aplicación del gasto.
En una
primera votación, se dio un empate con cuatro consejeros a favor y cuatro en
contra de multar al PRI, por la abstención del consejero electoral Sergio
García Ramírez.
En una
segunda votación, García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su
voto, pese a su cercanía (“amistad”) con los dueños de la empresa Efra. La
mayoría de los consejeros se pronunciaron porque votara.
El consejero
inclinó la balanza: 5 contra 4, para que no se impusiera una “sanción
individualizada” (contra el PRI) del 150 por ciento del monto implicado, es
decir, los más de 50 millones de pesos que el partido gastó en tarjetas a nivel
nacional.
Con ello se
cierra el caso Monex, no obstante que el consejo ordenó dar vista a unidades e
instituciones (como la de inteligencia de la secretaría de Hacienda y la
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, de la PGR)
encargadas de investigar el delito de lavado de dinero.
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