ANTES QUE RESCATAR A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS SE DEBEN AUDITAR LAS DEUDAS Y DESLINDAR RESPONSABILIDADES: CAROL

El diputado federal Carol Antonio Altamirano presentó un punto de acuerdo para que las legislaturas de los estados, por medio de sus entidades de fiscalización, realicen auditorías sobre la deuda pública y la contratación de obligaciones de pago por parte de estados y municipios.

De otra manera, explicó el legislador del PRD, “se corre el riesgo de que se quiera desarrollar alguna intervención financiera cuando el primer paso es que se verifique el buen uso y destino de los recursos públicos, y si es el caso, que se sancione a los responsables; y solamente una vez realizada esas auditorías entonces se verá qué casos pudieran justificar algún apoyo”.

La proposición fue presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en ella se destaca que, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el total de las obligaciones financieras de las entidades pasó de 26 mil millones de pesos en 1994 a 396 mil millones de pesos en la actualidad.

Por ese alto nivel de endeudamiento, dijo Carol “hay que actuar con prudencia y el Congreso debe tener elementos de juicio para que no termine por encubrir conductas ilícitas o abusivas que pudieran identificarse.”

El diputado señaló que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución federal, quienes fiscalizan las cuentas públicas estatales, aprueban las leyes de ingresos y los egresos son los congresos de cada entidad, por lo que son las auditorías de cada estado las facultadas para intervenir.

Además de revisar si se cumplieron o no la normatividad financiera y de deuda de cada estado, el diputado dijo que “hay que verificar si las deudas y obligaciones de pago se destinaron a lo que señala la Constitución, pues de acuerdo al artículo 117, sólo pueden destinarse al concepto de inversiones públicas productivas, de manera que si alguna entidad firmó compromisos de pago o empréstitos para otros fines, de entrada estaría violando las disposiciones constitucionales”.

Por todo ello es que el diputado Carol Antonio Altamirano propuso que las entidades de fiscalización de cada entidad realicen las auditorías y que los resultados de dichas auditorías, se hagan del conocimiento público y se remita copia de esta al Congreso de la Unión y a las autoridades correspondientes, para entonces proceder tanto en materia administrativa o incluso penal.

Lo primero es la transparencia, la legalidad y sólo sobre esa base se puede plantear algún tipo de apoyo, que en todo caso tendría que ser aprobado por el Congreso federal, resumió el diputado.