Oaxaca, balcanización educativa.Diagnóstico: fallaron SNTE y SEP.

FINANCIERO

INDICADOR POLÍTICO

Carlos Ramírez

De todas las plazas estatales en las que la Secretaría de Educación Pública tendrá que recuperar la rectoría del Estado en la materia, Oaxaca se presenta ya como un foco rojo: la disidente Sección XXII del SNTE prepara no sólo millares de amparos contra la Iniciativa Peña Nieto sino que pasará pronto a la movilización callejera.

El conflicto en Oaxaca parece inevitable porque en junio pasado el gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo aceptó que los maestros oaxaqueños quedaran al margen de la evaluación universal y negoció un plan alterno a la Alianza por la Calidad de la Educación de la SEP federal.

El principal mensaje que enviaron la Sección XXII del SNTE y el gobierno estatal fue la consolidación de la balcanización de la educación pública oaxaqueña porque la ACE fue sustituida por el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) y el Sistema de Evaluación Educativa de Oaxaca (SEEO). En los hechos, el diseño de la política de educación pública para el estado de Oaxaca fue cedido a los maestros de la Sección XXII, luego de que los profesores disidentes realizaron paros, marchas y suspensión de clases para obligar al gobierno aliancista a aceptar las condiciones gremiales.

Las negociaciones del gobierno estatal con la Sección XXII del SNTE representaron una cesión de la rectoría del Estado en materia educativa porque el nuevo acuerdo va a responder a las exigencias de los maestros disidentes y no a los requerimientos educativos en la entidad. Como botón de muestra, la Sección XXII exigió que el gobierno estatal elimine el reconocimiento a la Sección LIX que se había formado al calor de la crisis de 2006 como un contrapeso a la violencia, intransigencia y autoritarismo de la XXII. Pero lo interesante es que los maestros de la LIX firmaron un acuerdo con los padres de familia para no suspender clases por marchas, mientras la XXII cancela clases sin atender a las preocupaciones de los padres de familia.

Oaxaca se ha convertido en una especie de laboratorio político de la balcanización nacional. Pero lo más significativo es el hecho de que el gobierno estatal se ha visto obligado por los paros y plantones de la XXII a entregarles la definición de la educación pública y de la evaluación de los maestros. Por ejemplo, los maestros de la XXII que no asistan a las marchas y plantones deben de pagar una multa de 250 pesos, con el dato agravante de que la oficina del Instituto de Educación Pública del Estado -la SEP estatal- tiene como funcionarios de las oficinas de pago de salarios a maestros militantes de la XXII, como parte de una minuta secreta firmada por el gobernador Heladio Ramírez en 1992 en la que le cedió a la XXII el control del Instituto.

La situación aberrante de la educación pública en Oaxaca ha llegado ya a niveles de violencia social. En el municipio de Mitla, el pasado 22 de noviembre, un grupo de padres de familia decidió tomar cartas en el asunto -ante la pasividad del gobierno estatal- y rompió por la fuerza un bloqueo de carretera que había realizado la Sección XXII, retuvo con violencia a cinco maestros disidentes y los exhibió como delincuentes. La XXII respondió con el asalto a las oficinas municipales. Como es obvio, la XXII ya amenazó con estrangular de nueva cuenta la ciudad con paros, marchas y suspensión de clases si el gobierno estatal no castiga a los agresores de sus militantes.

El trasfondo de la crisis de la educación pública fue la balcanización del sector después de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado por el presidente Salinas de Gortari el 18 de mayo de 1992, por los gobernadores de los estados y por el SNTE. Para evitar una ruptura nacional del sindicato, la maestra Elba Esther Gordillo cedió el manejo de la XXII a los disidentes y con ello se rompió el espíritu federalista de ese Acuerdo. Luego el gobernador Heladio Ramírez cedió a la XXII el derecho de vetar nombramientos en el Instituto de Educación y de incrustar militantes en la estructura gubernamental. Y finalmente los maestros de la XXII se convirtieron en peones de juegos palaciegos de poder, mientras los líderes negociaban agendas personales y gremiales que reventaron el presupuesto educativo.

La recuperación de la rectoría del Estado en la educación no se va a dar sólo con el primer paso dado por la Iniciativa Peña Nieto para profesionalizar el magisterio, sino que debe de pasar por la decisión de la SEP de terminar con la balcanización educativa sobre todo en estados donde la CNTE domina el control magisterial. Y como primer paso, la SEP federal debe pronunciarse sobre el acuerdo local firmado por el gobernador Cué Monteagudo con la Sección XXII para anular la Alianza por la Calidad de la Educación y anular la evaluación universal de maestros.

El problema en Oaxaca fue que la XXII incluyó en la agenda de la modernización educativa la creación de una "Comisión de la Verdad" para investigar la crisis de 2006 cuando la XXII y grupos radicales lucharon en las calles e instalaron barricadas en el Centro Histórico para inaugurar en Oaxaca un gobierno comunitario, autogestionario y popular al margen del sistema de representación política constitucional. Además, en la transformación educativa de Oaxaca la XXII exigió la "libertad incondicional de presos políticos y de conciencia" que fueron procesados por violencia política.

Oaxaca fue un ejemplo del fracaso del Acuerdo de Salinas de Gortari de 1992 y podría ser el laboratorio de las posibilidades de éxito de la Iniciativa Peña Nieto. En el Acuerdo de 1992 se estableció claramente que el sindicato tenía que ver sólo con asuntos de relaciones laborales y no con la definición de la política de educación pública. Pero la aplicación de cualquier reforma educativa debe de pasar por solucionar la federalización del sindicato en sistemas educativos estatales y el monstruo de dos cabezas del SNTE y las secciones disidentes cuando el titular del contrato colectivo es el sindicato y no la Coordinadora.

De ahí que la recuperación de la rectoría del Estado en educación tiene que ir más a fondo y poner orden en la relación laboral en el sector.

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