Federico González Luna, del PVEM, fue responsabilizado de haber sido asesor en la CIRT.

REFORMA .

A los diputados no parece preocuparles entrar en conflicto de intereses en su labor legislativa.

La Mesa Directiva de la Cámara baja no ha cumplido con la encomienda reglamentaria de crear un registro en el cual sus integrantes reporten los asuntos en los que deberán excusarse de participar por tener un posible conflicto de interés.

El artículo 8 del reglamento interno de la Cámara señala que una de las obligaciones de los diputados es informar de los temas en los que no podrían participar.

"(Es obligación de los diputados) informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos", cita la fracción VI de dicho artículo.

El numeral dos de ese mismo artículo precisa que la Mesa Directiva deberá mantener actualizado un registro de los asuntos a tratar y que estará vigente durante toda la Legislatura.

A 2 meses de iniciada la 62 Legislatura, ni los diputados han reportado los asuntos en los que deberían excusarse ni la Mesa Directiva ha emitido un acuerdo para hacer dicho registro, como sí sucedió con el padrón de cabilderos.

En la instalación de la Comisión de Radio y Televisión, el 30 de octubre, legisladores de izquierda y miembros de #YoSoy132 acusaron que en ésta participaban diputados con conflicto de interés por representar a la llamada "telebancada".

En específico, responsabilizaron al presidente de ese grupo de trabajo legislativo, Federico González Luna, del PVEM, de haber sido asesor en la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) y ser suplente del directivo de Televisa, Javier Tejado Dondé, en el Consejo Nacional de la Radio y Televisión.

"La Ley de Responsabilidades indica que deben de excusarse si hay algún interés. El presidente de la comisión representa los intereses de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. No podemos permitir una violación tan flagrante", dijo entonces Purificación Carpinteyro, legisladora por el PRD.

La también perredista Roxana Luna cuestionó qué dictámenes podrían salir de una comisión de la que de 30 integrantes, 10 tienen conflictos de interés, al tener radiodifusoras o ser asesores de la CIRT.

Otro caso es el del panista y empresario transportista, Juan Carlos Muñoz, quien fue presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y ahora preside la Comisión de Transportes de la Cámara baja.

Con el propósito de regular el ejercicio parlamentario, la pasada Legislatura revisó el reglamento interno en su apartado sobre el conflicto de interés.

El texto del artículo 8 señala que los diputados también se deben abstener de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados.

"Evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario o patrón, en juicios de cualquier índole en los que el patrimonio del Estado esté en riesgo", cita el mismo artículo.

Agrega que los legisladores deben presentar --con oportunidad y veracidad-- la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma.

También establece que deben renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie.

"Para sí, su cónyuge, concubina o concubino; parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios; o socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado parte".

Pero niegan registro a cabilderos

La Cámara de Diputados rechazó el registro de 289 cabilderos por falsear información o por no cumplir con los requisitos.

Así, de los 543 aspirantes que se inscribieron, la Mesa Directiva de San Lázaro sólo publicó el aval a 254.

A partir del lunes, estas personas físicas o morales deberán acreditarse para ajustarse a las normas de control y tener acceso a los legisladores.

De acuerdo con el reglamento interno, un cabildero es un individuo ajeno a la Cámara que gestiona ante los legisladores alguna resolución que favorece a los intereses propios o de terceros, con el fin de obtener beneficios materiales o económicos.

La diputada Marilyn Gómez informó que la mayoría de los cabilderos rechazados entregaron información falsa, pese a que los requisitos eran mínimos.

Por ejemplo, el domicilio que dieron no era exacto o no existía, y se acreditaron como personas físicas para hacer un trabajo individual, siendo que trabajan para un despacho o empresa.

"Los requisitos eran simples, su credencial de elector y domicilio donde localizarlos y en esos fueron los datos donde detectamos que había falsedad. El número sí fue bastante, alrededor 250.

"Confiamos en que haya sido error humano (falsear información), pero sí existieron otros que detectamos que actuaron de mala fe. Por ejemplo, eres persona física (y argumentaban en su interés por acreditarse) solamente porque quiero, y eran de un despacho", apuntó.

La mayoría de los 254 aprobados son personas morales.

Cada comisión puede tener hasta 20 cabilderos, así que por los 56 órganos legislativos ordinarios hubieran podido registrarse hasta mil 120.

Con información de Érika Hernández