Emiten medidas cautelares a favor de indígenas triques de Oaxaca

MILENIO

OSCAR RODRÍGUEZ

Oaxaca • En Oaxaca las Comisiones Interamericana (CIDH) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han emitido 13 medidas cautelares a favor de indígenas que han sido víctimas de desplazamiento obligado de sus respectivas comunidades por diversos conflictos de tipo social.

La Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Eréndira Cruz Villegas, aceptó que entre las medidas dictadas dos tienen que ver con el conflicto social que priva en la zona triqui.

Uno de los temas más álgidos, dijo, ha sido el caso de las 135 familias de la comunidad San Juan Copala Triqui, que fueron obligadas a abandonar su pueblo natal luego de recibir la amenaza de muertes de caciques regionales de la zona.

Mencionó que la CIDH urgió en este caso al gobierno estatal, garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que las familiares afectadas puedan regresar a sus pueblos natales, o de lo contrario se les reubique en una zona segura, advirtiendo que se continúa trabajando para resolver el tema de una forma conciliada.

“Creo que se ha avanzado mucho en el tema de la zona triqui, primero porque se ha logrado conciliar con los grupos de poder en la región la firma de un acuerdo de paz que al menos a puesto fin a la violencia ancestral reportada en dicho territorio, hacia falta avanzar en la atención del proceso integral para culminar con los otros conflictos generados en la zona”.

Informó que recientemente la CIDH realizó una evaluación de las medidas y se ha dado atención al tema en lo que corresponde al ámbito local, lamentablemente tras el cambio de sexenio el gobierno estatal se ha quedado solo en el acatamiento de estas acciones.

Urgió redoblar el esfuerzo interinstitucional con una política de estado para seguir avanzando en los temas torales de manera profunda dentro de este tipo de conflicto por que se requiere de la colaboración amplia de los tres niveles de gobierno para solucionarlos de fondo, “lo que está en juego en estos temas es la vida y dignidad de las personas, no el prestigio de unas instituciones o un gobierno”.

Cruz Villegas dijo que no se puede dejar en meros paliativos la ayuda que hay que otorgar a quienes ha sufrido vejaciones graves en sus derechos elementales.

Dijo que donde sí se logró tener una solución parcial es el caso del exilio obligado de 15 familias de la comunidad indígena de la población de Valle de Río que habrían sufrido de amenazas e intimidaciones a raíz de un complejo conflicto agrario y que fueron reubicadas en una zona de seguridad ubicada en la Ciudad de Tlaxiaco, donde el gobierno estatal ha proveído de todo lo necesario para su sustento y protección, en tanto se logra su asentamiento formal.

Presupuesto para resolver vejaciones de derechos humanos

La comisionada Eréndira Cruz Villegas, afirmó que solo con una política de Estado y un presupuesto sólido se podrá restituir a aquellas víctimas que han sido objeto de vejaciones en sus derechos humanos en Oaxaca.

Demandó un 20-20, por cada 20 pesos que ponga el estado en la atención de una medida cautelar la federación debe aplicar el mismo recurso, porque se requiere desde infraestructura de alto impacto, hasta acceso a las vía primarias y a la luz, agua potable, drenaje y educación.