EPR no descarta acciones de hostigamiento vs Estado, por desapariciones de eperristas en Oaxaca

Pagina3.mx.- Pedro MATÍAS/Paulina RÍOS

Miércoles, 07 de Noviembre de 2012 13:54

Oaxaca | pagina3.mx |Pedro MATÍAS/Paulina RÍOS | El Ejército Popular Revolucionario (EPR) no descarta acciones de hostigamiento contra el Estado mexicano, al quedar demostrado que los eperristas  Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sufrieron desaparición forzada, además de que los cauces legales se agotaron.  Advirtieron que "del curso que tomen los acontecimientos, el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno (…) al quedar en evidencia el despliegue contrainsurgente con fines de ‘limpieza social’ que realizaron los gobiernos panistas”. Luego de reconocer el empeño y esfuerzo de los integrantes de la Comisión de Mediación que dio por terminada su función de documentar el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de los integrantes del EPR, el grupo insurgente destacó que “hoy son más de 30 mil los desaparecidos, cifra que supera a las víctimas generadas por las dictaduras militares en Sudamérica”. Hicieron hincapié que con la aportación de la Comisión de Mediación integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas, Pablo Romo Cedano, Carlos Montemayor, Miguel Ángel Granados Chapa ySamuel Ruiz García, “hay autores materiales e intelectuales, nombres conocidos por su trayectoria represiva y esbirros del sistema que gozan de impunidad” que participaron en la desaparición forzada de los eperristas. A través de un comunicado fechado el seis de noviembre, el grupo guerrillero destacó que la detención-desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, perpetrada el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, se dio en un contexto de auge del movimiento popular magisterial y la escalada represiva del gobierno estatal y el federal, encabezado por el PRI y el PAN respectivamente. Ese crimen de lesa humanidad y de Estado vino a desenmascarar a nivel nacional e internacional la sistemática e ininterrumpida práctica terrorista del Estado mexicano desde los años 60. El EPR mencionó que “su presencia en esos momentos en Oaxaca fue coadyuvar en el desarrollo del movimiento de masas, ya que el deber moral de cada miembro del partido es jamás abandonar al pueblo en sus luchas a pesar de los riesgos que corramos”. Y agregó: “A nadie se le debe olvidar que en Oaxaca siempre hemos estado presentes dentro de las luchas populares, hombro a hombro con ese pueblo que siempre ha tenido conciencia y voluntad de combatir. Aunque muchos en su carrera oportunista quieran omitirlo”. “La detención-desaparición de nuestros compañeros se dio en el marco de una campaña de contrainsurgencia nacional encaminada a eliminar físicamente a opositores, luchadores sociales consecuentes, defensores de derechos humanos y todo aquel ciudadano que mostrara el mínimo de inconformidad contra el régimen, en esos días sumaron más de 40 los casos denunciados y/o documentados de desaparición forzada, todas vinculadas a la lucha contra el régimen. Quedando en evidencia el despliegue contrainsurgente con fines de “limpieza social”, puntualizó. Respecto a la Comisión de Mediación, resaltaron que, “de inicio a fin, jugó papel importante para conocer la verdad sobre el destino de nuestros compañeros. Hoy queda fehacientemente demostrado que fueron detenidos-desaparecidos por fuerzas policíaco-militares del Estado mexicano, un hecho que no es aislado, por el contrario es de carácter sistemático y constituye una política de Estado”. Pese a que la Comisión de Mediación se enfrentó a la violencia institucional y la prepotencia que caracteriza a regímenes autoritarios, “de antemano agradecemos sus esfuerzos comprometidos con la verdad y la justicia. Sabemos que su labor por la justicia y la lucha contra el régimen neoliberal no termina aquí. Del curso que tomen los acontecimientos, el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno”.