Procesan la reforma laboral Pago por hora, según dictamen.

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México DF. Septiembre 28  .- La Cámara de Diputados por medio de La Comisión del Trabajo y Previsión Social, aprobó en el dictamen de la reforma laboral limitar  las outsourcing, nuevas modalidades de contratación y despido, límite al pago de salarios caídos a 12 meses y retribuciones salariales por hora.

Sobre el pago por unidad de tiempo se avaló que el trabajador y el patrón podrán convenir el monto del salario por hora, mientras se respeten los derechos laborales. El ingreso en esta modalidad nunca podrá ser inferior al que corresponda a una jornada completa.

Los legisladores habían acordado continuar el análisis de los artículos reservados hasta concluir, pero el estado de salud de Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión, generó un receso hasta hoy.

Con este imprevisto, se pretende llevar al pleno los puntos controvertidos, como la democracia sindical, que el PAN y el PRD apoyan.

Este escenario prevé que las inconformidades sean ventiladas en tribuna, toda vez que existen posturas encontradas.

En el dictamen figura el límite del pago de salarios caídos a 12 meses, a partir de la fecha del despido, en caso de juicio laboral.

Fijan límites  a subcontratación

El dictamen señala que los patrones no podrán recurrir al outsourcing para actividades sustantivas ni para eludir las prestaciones.

La Comisión del Trabajo y Previsión Social aprobó los artículos relacionados con el outsourcing, nuevas modalidades de contratación y despido, límite al pago de salarios vencidos a 12 meses y retribuciones salariales por unidad de tiempo, al desechar las reservas formuladas al dictamen de la reforma laboral.

Con la expectativa de llevar hoy al pleno de San Lázaro los puntos controvertidos, en una sesión citada a las 11 de la mañana, la jornada de ayer se caracterizó por el desahogo de una treintena de contrapropuestas de PAN, Verde, PRD, PT y Nueva Alianza.

Sin embargo, en la Comisión todavía está pendiente el debate y la votación de algunos temas controvertidos como la democracia sindical, punto en el que PAN y PRD podrían sumar fuerzas.

Aunque originalmente se había previsto continuar el análisis de los artículos reservados hasta concluir, el agotamiento físico que se declaró había sufrido Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión, generó un receso hasta las 10 de la mañana de este viernes.

Por lo pronto, con excepción de los cambios sobre el alcance del concepto del trabajo digno, las reservas discutidas ayer a lo largo de ocho horas no prosperaron.

Consecuentemente, en la mayoría de los casos se mantuvo la redacción original del dictamen elaborado por Aceves del Olmo, priista y dirigente de la CTM, sobre la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón para actualizar la Ley Federal del Trabajo.

Este escenario prevé que las inconformidades serán ventiladas en tribuna durante la discusión del dictamen, toda vez que existen posturas encontradas pese a que, en términos formales, los artículos del dictamen no se modificaron.

Cuatro condiciones

Destaca la aprobación del capitulado sobre las empresas outsourcing o subcontratación, en el que —a diferencia de la propuesta original del presidente Calderón— se definieron los alcances del régimen y se fijaron cuatro condiciones que regularían su aplicación.

El texto establece que el régimen del outsourcing deberá cumplir con cuatro condiciones: no podrá realizarse en las actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa; deberá justificarse por su carácter especializado que agregue un insumo adicional a los procesos de producción o de servicios; no podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, y tampoco podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del beneficiario.

“De no cumplirse con estas condiciones, el beneficiario se considerará patrón para todos los efectos y consecuencias legales, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social”, se establece en ese artículo del dictamen ya avalado.

En el artículo 15-B, se especifica que el contrato que se celebre entre la persona física o moral que resulte beneficiaria de los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

“La empresa beneficiaria deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores”, se detalla en el texto.

En tanto, el artículo 15-C detalla que, con respecto a los empleados, la empresa beneficiaria de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumpla con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.

Se precisa que dicha responsabilidad deberá confirmarse a través de una unidad de verificación debidamente acreditada.

Sin embargo, las inconformidades del PAN persistieron y fueron expuestas por el diputado Carlos Fernández Ángulo Parra, quien advirtió que las condiciones que se le agregaron a la iniciativa original se traduce en una prohibición  de ese esquema.

“Como está el esquema en el dictamen, se desaparecería el outsourcing en México, perdiendo competitividad e incrementando los costos de producción”, advirtió el legislador blanquiazul. Y criticó el hecho de que “por una situación ideológicamente injustificable” se pretenda eliminar esa alternativa de contratación  que da empleo a tres millones de mexicanos.

Hubo otro punto en el que la propuesta original sufrió un revés: el rechazó a incluir en el dictamen el tema de contratos colectivos y la publicación de éstos y sus reglamentos internos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Tampoco se avaló la parte de la iniciativa preferencial que pretendía la difusión en sitios de internet de las versiones públicas de esos contratos y reglamentos.

Por otra parte, el Movimiento Ciudadano a través de la diputada Luisa María Alcalde Luján, manifestó su inconformidad en torno al artículo 159 del dictamen de la reforma laboral, en el que se establece que las plazas vacantes, definitivas o provisionales con duración mayor, serán cubiertas por el trabajador que acredite mayor productividad y no por el que tenga más antigüedad.

Pero la  mayoría de los integrantes de la Comisión rechazaron hacer un cambio.

Respecto al  pago por unidad de tiempo, se avaló un  texto en el que se señala que el trabajador y el patrón podrán convenir el monto del salario por hora, mientras se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza en cuestión.

Se agregó en este apartado la precisión de que el ingreso  en esta modalidad nunca podrá ser inferior al que corresponda a una jornada completa.

En la discusión de ese punto, se desechó una reserva del perredista Martí Batres, quien consideró que el cambio fragmentaría el salario mínimo, uno de los más bajos del mundo, remarcó.

Sin embargo,  el panista Ricardo Anaya defendió la redacción del dictamen y rechazó que éste trastocara el artículo 123 Constitucional, “ya que nunca se podrá pagar menos de un salario mínimo”.

 A favor de las enmiendas que el PRI le hizo a la propuesta de Calderón, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló que aquella “dejaba huecos que pudiesen prestarse a abusos de empresarios”.

Si bien la Comisión avaló la nueva modalidad para notificar  el despido a los trabajadores,  sin aceptar las reservas del PT, mismas que los perredistas respaldaron, también se resolvió mejorar la redacción en lo correspondiente al artículo 47 en su fracción 15, en la que originalmente se daba la posibilidad al patrón de anunciar su decisión por escrito.

De acuerdo con lo aprobado, el empleador deberá dar cuenta del despido ante la Junta de Conciliación, de manera indistinta.

Entre otros artículos aprobados, figuran los relativos al límite del pago de salarios vencidos a 12 meses, a partir de la fecha del despido, en caso de juicio laboral; la incorporación en la nueva ley de la contratación por temporada, prueba y capacitación inicial. En este debate el perredista Silvano Blanco Deaquino buscó infructuosamente frenar ese cambio.